Concentración y Centralización

Por Tomás López Mateo

En la Argentina de hoy sería casi imposible afirmar que la economía no presenta altos niveles de concentración. Hay quienes relacionan la dinámica inflacionaria actual con el abuso de posición dominante por parte de los empresarios que buscan por esa vía ganancias extraordinarias. También se sostiene que la concentración es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico, pues sin libre competencia son débiles los incentivos privados para innovar tecnológicamente. Exponer brevemente estos argumentos sirve para ilustrar la importancia que debe asignársele al tema de la concentración.

En la literatura económica, se denomina concentración al crecimiento del capital por la plusvalía producida por ese mismo capital, lo que implica la concentración de medios de producción. Se trata de un proceso principalmente físico, que lleva al aumento de la dimensión de las unidades productivas, del tamaño del capital invertido, del volumen total de la producción, de la mano de obra empleada y de la productividad media de esos obreros empleados.

Por otro lado, la centralización del capital consiste en que dos o más capitales independientes se unen formando uno solo. El proceso de centralización del capital se realiza, ante todo, debido a la competencia en la que los capitalistas más poderosos que disponen de grandes capitales, vencen a los menos poderosos. Las grandes empresas utilizan tecnología más avanzada y tienen una mejor organización de la producción y, por ende, una mayor productividad del trabajo. Esto les proporciona una considerable superioridad en la competencia. De esta manera, cada vez son necesarios capitales más grandes para poder desarrollar exitosamente alguna de las ramas de la producción y cada vez menos capitalistas controlan dichos capitales.

Los procesos de concentración y centralización del capital están íntimamente vinculados entre sí, teniendo como consecuencia histórica la formación y consolidación de monopolios y oligopolios, es decir, la conformación de unidades productivas de grandes dimensiones que mantienen una presencia dominante en el mercado. Estas pocas empresas de gran tamaño operan sobre las reglas de la competencia, distorsionando la actuación del libre mercado y determinando precios independientemente de la demanda.

Ejemplos concretos del proceso actual de centralización del capital son la unión de las empresas de energía eléctrica Endesa (España) con Enel (Italia), la fusión entre Telefónica de España con Telecom Italia, pertenecientes al mercado de la comunicaciones, y el intento del gigante alimenticio Pepsico (EEUU) de adquirir Danone (Francia). Asimismo, un caso paradigmático es la unión vernácula de las empresas de servicios de televisión por cable más importantes de la Argentina, Multicanal y Cablevisión, ambas propiedad del Grupo Clarín.  Es evidente para todos los especialistas en la materia (y los que no también) que producto de la misma lógica actual del funcionamiento capitalista, este proceso de fusión de grandes empresas multinacionales se ha acelerado en los últimos años.

Las fusiones de estas empresas y de las grandes masas de capital detrás de ellas, suponen además del proceso de centralización y concentración del capital, la expansión exterior del capital en busca de tasas de ganancia diferentes a las del mercado interno de sus respectivos países. Esta expansión exterior es una respuesta a las dificultades de la acumulación del capital en el mercado interno y se desarrolla mediante la internacionalización del capital como relación social.

            La internacionalización de los capitales como medio para contrarrestar la caída de la tasa media de ganancia, la búsqueda de nuevos mercados donde penetrar con las producciones y para la expansión de nuevas ramas de la producción, y la absorción de la competencia, han resultado todas ellas medidas muy lucrativas y altamente eficientes para las grandes empresas en la actual fase del desarrollo capitalista. Asimismo, la reducción y/o eliminación de las fronteras comerciales a nivel internacional (circulación libre de capitales), la venta de empresas estatales a bajo precio, la exportación de capitales, altas tasas de interés y precios bajos en materias primas y mano de obra, todas características del orden económico neoliberal imperante a escala mundial, han permitido las transferencias de enormes masas de ingresos desde los países de la periferia, como el nuestro, hacia las potencias del centro.

            Es por ello imperante que los estados nacionales tomen medidas tendientes a impedir la concentración corporativa global y de esta manera defender a sus ciudadanos. Impidiendo el establecimiento de monopolios y alentando la libre competencia, los estados estarán así evitando subas de precios injustificadas, favoreciendo una ampliación en la diversidad de los productos ofrecidos en el mercado, mejorando la calidad de los servicios y estimulando la innovación productiva.

Sin embargo, nos encontramos en un estadio del desarrollo capitalista en donde las empresas son cada vez menos y más grandes, y éstas poseen cada vez mayores poderes para imponer sus productos y pautas de consumo, determinar condiciones de trabajo y ejercer presiones políticas para obtener las normas y legislaciones que consideren necesarias para favorecer sus negocios, al mismo tiempo que los estados pierden influencia o capacidad de maniobra frente a la mundialización económica y la acción de las empresas multinacionales.

La Argentina, por supuesto, no está exenta de todo esto. Nuestro país presenta serias deficiencias en lo que respecta a los instrumentos y mecanismos para reducir los altos niveles de centralización que manifiesta la economía argentina. En el 2014 se ha legislado sobre prácticas anticompetitivas (la reforma a la antigua ley de abastecimiento ahora llamada Regulación de las relaciones de producción y consumo), que es un paso importante, pues dichas prácticas (acuerdos de precios, prácticas exclusorias) muchas veces impulsan la centralización. Sin embargo, no alcanza con ello. Es necesario que el Estado nacional cuente con herramientas legales capaces de enfrentar no sólo los posibles efectos (las prácticas anticompetitivas), sino directamente la estructura económica centralizada.

El debate sobre la nueva ley de abastecimiento permitió vislumbrar tan sólo una pequeña parte de todas las maniobras que un importante sector del empresariado está dispuesto a realizar para resistir a toda política que intente regular sus movimientos. No obstante, surge como tarea indelegable del Estado llevar a cabo las políticas y utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para obtener la renovación del tejido industrial y transformar, de una vez por todas, la matriz productiva altamente concentrada con la que actualmente se enfrenta el país.